Violaciones a los DDHH de las personas migrantes en la frontera entre Colombia y Venezuela

Violaciones a los DDHH de las personas migrantes en la frontera entre Colombia y Venezuela

comunicado1

La República Bolivariana de Venezuela decidió cerrar la frontera en varios municipios del estado Táchira y deportar a al menos 1097 personas de origen colombiano, entre ellas 220 niños, niñas y adolescentes, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Las personas tuvieron que desplazarse hacia el departamento de Norte de Santander, en la República de Colombia, sin que se considerara la situación familiar, ni si eran solicitantes de refugio, ni el derecho a la no devolución. Durante las deportaciones se registraron prácticas estigmatizantes hacia los migrantes y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Las deportaciones colectivas, la decisión del gobierno de Venezuela de declarar el estado de excepción en una zona fronteriza, el cierre de la frontera y la forma en la que se está controlando la zona son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha dicho en innumerables ocasiones que el cierre de la frontera es contrario al derecho internacional de protección de los refugiados ya que impide la entrada y salida de personas que son víctimas de persecuciones en sus países y que tienen derecho a la protección internacional.

Al mismo tiempo, si la gestión de las zonas de frontera está a cargo de las fuerzas de seguridad es necesario que se habiliten de manera inmediata mecanismos de protección judicial frente a abusos y violaciones a los derechos humanos que estas fuerzas puedan cometer. Así lo establecen los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las Opiniones Consultivas 8 y 9 sobre estado de excepción. Además, la declaración de un estado de sitio jamás puede habilitar las deportaciones masivas o colectivas, prohibidas por el Art. 22 Inc. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU.

A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos adoptó el año pasado los Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos en las Fronteras Internacionales. El principio de la asistencia y protección contra cualquier daño, en su punto 10 establece que “los Estados protegerán (…) a los migrantes en las fronteras internacionales sin discriminación. Las obligaciones de los derechos humanos (…) deben prevalecer sobre los objetivos de la gestión de la migración y la aplicación de la ley”. En su punto 13, determina que “los Estados se asegurarán de que todos los migrantes que hayan sufrido abusos o violaciones de los derechos humanos (…) tengan un acceso equitativo y efectivo a la justicia, acceso a un recurso efectivo, a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, así como a información pertinente sobre las violaciones de sus derechos y los mecanismos de reparación….”

La forma en la que ocurrieron estas deportaciones viola las garantías previstas por el derecho internacional para la protección de los derechos de las personas migrantes. La deportación es la más extrema de las medidas y tiene un enorme impacto personal y familiar. Por este motivo exige el cumplimiento de determinados procedimientos y está sujeta a controles estrictos. Tal como han manifestado los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de analizar, fundamentar y decidir de forma individual cada una de las deportaciones que se lleven a cabo.

Es necesaria la acción de los mecanismos de protección regionales e internacionales y de los espacios intergubernamentales, estos últimos también deben incorporar en su abordaje la garantía de los derechos humanos de las personas que han sido o están siendo deportadas por el gobierno de Venezuela.

Las fronteras no pueden convertirse en espacios de tensión ni en germen de la xenofobia y la reproducción de la violencia. A la hora de tomar medidas sobre estos territorios, los gobiernos deben partir del reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas afectadas. Por este motivo, consideramos que de manera urgente se deben revisar las medidas que implican el cierre de la frontera, habilitar los espacios institucionales o judiciales de control de las decisiones que se adopten y asegurar las garantías de debido proceso, de protección judicial y respeto al derecho a la vida familiar. Las decisiones que afectan a estos territorios tienen que evitar la tensión entre las comunidades vecinas así como la intervención violenta de las fuerzas de seguridad.

 

Organizaciones firmantes:

 

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – México
Acción Solidaria en VIH/Sida
Ágora Espacio Civil – Paraguay
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú
Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina
Centro de Formación y Acción Social y Agraria – (CEFASA) – República Dominicana
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) –  Regional
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Centro Regional para Derechos en la Frontera de la ACLU
CIVILIS Derechos Humanos
Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales – Chile
COFAVIC – Venezuela
Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes A.C. (COAMI)  – México
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) – Argentina
Conectas Direitos Humanos – Brasil

Dejusticia – Colombia

Derechos Humanos Integrales en Acción – México
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) – Argentina
Fundar, Centro de Análisis e Investigación  – México
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador  (GMIES)
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas – México
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad – IIDS – Perú
Laboratorio de Paz – Venezuela
Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz (MECoPa) – Argentina
Observatorio Ciudadano – Chile
Pastoral de Movilidad Humana Bolivia
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB) – México
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)  – Venezuela
Red Internacional de Migración y Desarrollo
Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana – SEDHU – Uruguay
Southern Border Communities Coalition – Estados Unidos
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – UDEFEGUA – Guatemala

Human rights violations of migrant persons on the Venezuela-Colombia border

The Bolivarian Republic of Venezuela decided to close its border in numerous municipalities of Táchira state and deport at least 1097 people of Colombian origin, among them 220 children and adolescents, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.  These people were forced to make their way to the Colombian province of Norte de Santander, without anyone taking into account their family situation, or whether they were asylum seekers, or the principle of non-refoulement. During the deportations, these migrants were subjected to stigmatizing practices and an excessive use of force by the security forces. These collective deportations, the decision by Venezuela’s government to declare a state of emergency in a border zone, the border closure itself, and the way in which the area is being controlled are incompatible with international human rights law.

The United Nations High Commissioner for Refugees has said on innumerable occasions that border closures are contrary to the principle of international refugee protection since they hinder the entry and exit of persons who are victims of persecution in their countries and have a right to international protection.

At the same time, if security forces are charged with managing border zones, mechanisms for judicial protection must be established immediately to address any human rights abuses or violations that members of these forces could commit. This figures among the standards set by the Inter-American Court of Human Rights in Advisory Opinions 8 and 9 regarding states of emergency. In addition, the declaration of a state of emergency can never enable mass or collective deportations, which are prohibited by Article 22, subparagraph 8 of the American Convention on Human Rights (ACHR), by the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and by the United Nations International Law Commission (ILC).

Furthermore, the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights adopted last year the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders. The principle of assistance and protection from harm establishes in paragraph 10 that “States shall protect … migrants at international borders without discrimination. Human rights obligations … must take precedence over law enforcement and migration management objectives.” Paragraph 13 declares that “States shall ensure that all migrants who have suffered human rights violations or abuses … have equal and effective access to justice, access to effective remedies, adequate, effective and prompt reparation for harm suffered, and access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms.”

The way in which these deportations were carried out violates the guarantees set forth by international law for the protection of migrant persons’ rights. Deportation is the most extreme of measures and has an enormous personal and familial impact. For this reason, it must comply with specific procedures and be subject to strict oversight. As the bodies of the inter-American system for human rights protection have indicated, States have the obligation to analyze, justify and decide on an individual basis each of the deportations that they effectuate.

Action is needed on the part of regional and international protection mechanisms and intergovernmental forums, which should also incorporate in their agenda the human rights guarantees for those people who have been or are being deported by Venezuela’s government.

Borders cannot become places of tension or breeding grounds for xenophobia and violence. When governments take measures regarding these areas, they must start by recognizing the human rights of all persons affected. For this reason, we consider that officials must urgently review the measures that entail closing the border, set up the institutional or judicial mechanisms needed to oversee the decisions being adopted, and ensure the guarantees of due process, judicial protection and respect for the right to family life. The decisions that affect these areas must avoid creating tension between neighboring communities and avert violent intervention on the part of security forces.

 

The following organizations endorse this statement:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – Mexico
Acción Solidaria en VIH/Sida
Ágora Espacio Civil – Paraguay
ACLU Regional Center for Border Rights
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Peru
Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina
Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA) – Dominican Republic
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
CIVILIS Derechos Humanos
Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales – Chile
COFAVIC – Venezuela
Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes A.C. (COAMI) – Mexico
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) – Argentina
Conectas Direitos Humanos – Brazil
Dejusticia – Colombia
Derechos Humanos Integrales en Acción – Mexico
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) – Argentina
Fundar, Centro de Análisis e Investigación – Mexico
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas – Mexico
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad – IIDS – Peru
Laboratorio de Paz – Venezuela
Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz (MECoPa) – Argentina
Observatorio Ciudadano – Chile
Pastoral de Movilidad Humana Bolivia
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB) – Mexico
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) – Venezuela
Red Internacional de Migración y Desarrollo
Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU) – Uruguay
Southern Border Communities Coalition – United States
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) – Guatemala

 

 

 

Share

About the Author

Ianina Lois contributor

Leave a Reply