Un retroceso para los derechos de las mujeres migrantes

Un retroceso para los derechos de las mujeres migrantes

Las organizaciones que forman parte del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres manifiestan su preocupación por el retroceso en materia de derechos que significa el decreto que modifica la Ley de Migraciones y sus efectos en la vida de las mujeres migrantes.

La feminización de las migraciones es una realidad mundial y también local. En la Argentina, cada 100 mujeres migrantes hay 84 hombres migrantes, por lo que los cambios en las leyes y políticas migratorias tienen especial impacto en el caso de las mujeres que residen en el país.

El Decreto 70/2017 publicado el día 30 de enero constituye un grave retroceso en materia de garantías básicas y derechos de las personas migrantes. Las organizaciones que conformamos el proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, advertimos que estas medidas regresivas en materia migratoria tendrán graves efectos para las mujeres, ya que, en lugar de promover su integración a la sociedad argentina, se las estigmatiza, reforzando miradas criminalizadoras que ponen en peligro la unidad familiar.

El decreto relaciona migración con delito, lo que significa que, a la situación ya precaria de muchas mujeres migrantes que sufren explotación laboral, ahora se suma un discurso estigmatizante que proyecta sobre ellas una sombra de “ilegalidad” e incluso “criminalidad”.

Desde Cerrando Brechas venimos advirtiendo que el temor a ser expulsada puede hacer que una mujer migrante se abstenga de denunciar hechos de violencia tanto a nivel doméstico como en su lugar de trabajo. A raíz de la estigmatización que el decreto promueve y la persecución a la que pueden verse sometidas las personas migrantes, las mujeres víctimas de violencia difícilmente se acerquen a las instituciones para denunciar o recibir ayuda en su situación. Según un informe de 2015 de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) si bien la mayoría de las víctimas de violencia era de nacionalidad argentina, hay una significativa presencia de mujeres migrantes que representan el 36% de los casos de femicidio.

La modificación por decreto de la ley migratoria también pone en peligro los lazos familiares de las mujeres migrantes, ya que una pena por un delito menor podría generar la pérdida de la residencia y la expulsión del país, independientemente de que tengan hijos nacidos en Argentina. Aún en los casos de condenas penales por delitos que se hubieran cometido en el país, las mujeres migrantes deben ser tratadas en igualdad de condiciones a los nacionales, permitiendo el cumplimiento de la pena en Argentina.

En síntesis, los derechos de las mujeres migrantes han quedado seriamente amenazados por lo que consideramos este decreto como una medida que va en contra de una sociedad inclusiva y con mayor equidad.

El proyecto Cerrando brechas: articulación de actores estatales y no estatales para mejorar las políticas públicas de violencia contra las mujeres en Argentina es llevado adelante por las organizaciones de la sociedad civil ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados), MEI (Mujeres en Igualdad) y la Fundación Siglo 21 en San Pedro de Jujuy (Jujuy); Fontana (Chaco) y algunos municipios del Gran Buenos Aires, gracias al  apoyo financiero de la Unión Europea.

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Ianina Lois contributor

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