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ONGs demandan al Estado Nacional por el recorte del presupuesto para políticas contra la violencia de género

$ 67 millones menos para políticas contra la violencia de género. Organizaciones demandan al Estado Nacional por usar “superpoderes” para recortar el presupuesto asignado por el Congreso. 

Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la insconstitucionalidad de la medida adoptada por el Jefe de Gabinete quien, invocando facultades extrordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. Dicha medida es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto.

El 11 de enero pasado, el Jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, resolvió recortar 67 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). Esta decisión deja sin efecto el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional, en noviembre pasado.

La acción de amparo fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. “Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron.

En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era posible identificar una partida destinada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que según los anuncios realizados requería fondos por 47 millones de pesos para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo. Diversas organizaciones hicieron en ese momento una presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas centrales de preocupación. El presupuesto votado por el Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente, según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.341, se aprobó una asignación adicional de $20.000.000 al CNM (pasando de $96.500.250 a $116.500.250). En segundo lugar, se agregó al Presupuesto nacional una línea presupuestaria específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la suma de $47.000.000.

En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraidas de forma ilegítima. Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.

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Candidato argentino a la CIDH: 120 organizaciones pedimos al Estado que retire la postulación de Carlos Horacio de Casas

(10/02/17) Hoy 120 organizaciones -organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos campesinos y asociaciones que trabajan en temas de justicia, igualdad de género, medioambiente, derechos LGBTI y libertad de expresión- impugnamos la candidatura de Carlos Horacio de Casas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitamos al Estado que retire su postulación. El perfil y el desarrollo profesional del candidato no se vinculan con la defensa y promoción de los derechos humanos sino con el derecho empresarial, penal económico y tributario. Al mismo tiempo, de Casas se ha pronunciado en contra de estándares internacionales de libertad de expresión, de igualdad y no discriminación de personas LGBTI y de los derechos de las mujeres. Se ha posicionado en contra de la derogación del delito de desacato, que en nuestro país fue utilizado contra trabajadores de prensa y ha sido objetado por la CIDH. Su única actividad en el sistema interamericano ha sido la defensa de tres directivos de una compañía uruguaya acusados por delitos financieros; al mismo tiempo, dos abogados que integran su estudio jurídico defendieron en el Sistema Interamericano a una empresa minera que afectó gravemente a comunidades indígenas en Guatemala. En los últimos días, para defender su candidatura, de Casas mintió sobre los antecedentes del militar Enrique Blas Gómez Saa a quien defendió de manera particular en el juicio que se le sigue por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de las víctimas: falseó las fechas y lugares donde el militar estuvo en funciones. El candidato afirmó que su defendido había sido desplazado en 1977 pero en realidad se retiró a fines de 1979. De Casas también afirmó que a Gómez Saaera inocente, tal como lo declaró la justicia”. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocó la falta de mérito en febrero de 2012 y dictó su procesamiento. Esto habilitó que la causa fuera elevada a juicio. Es decir, que la justicia federal mendocina entendió que había prueba suficiente para que Gómez Saa enfrentara un juicio oral. Por estos motivos las organizaciones firmantes ​impugamos la candidatura de Carlos Horacio de Casas para integrar la comisión interamericana de derechos humanos ​y solicitamos a la Canciller,Susana Malcorra, que el estado argentino la retire.
100% Diversidad y Derechos
AADI – Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena
AAMJUS – Asociación de Abogados Mendoza por la Justicia Social
Abogados Populares Catamarca
AboSex – Abogad*s por los Derechos Sexuales
Abuelas de Plaza de Mayo
ACIFaD – Asociacion civil de familiares de detenidos
ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
ADC – Asociación por los Derechos Civiles
ADEPI-Asociación por los derechos de los pueblos indígenas – Formosa
ADISTAR Tartagal
Agencia de Prensa Alternativa (APA)
Agrupación Afro XANGO “por la Inclusión y la Justicia Social”
Akahatá
Alianza Internacional de Habitantes
Alitt – Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual
ANDHES – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales
APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
APDH – La Matanza – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
APDH – La Plata – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
APDH – Mar del Plata – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
APDH – San Rafael – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
APDH – Tucumán – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
ARECIA- Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina
Asociación Buena Memoria
Asociación de Ex Presos Políticos y Sobrevivientes al Terrorismo de Santiago del Estero
Asociación de Prensa de Tucumán
Asociación Ecuménica de Cuyo
ASOCIANA – Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino
Biblioteca Popular “Casa por la Memoria y la Cultura Popular” de Mendoza
Biblioteca Popular Crisálida de género, diversidad afectivo sexual y derechos humanos
CAREF – Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes
Catamarca contra la Tortura
Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario – UNR
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina
CEAPI – Centro de Estudios y Acción por la Igualdad
CEJIP – Centro para una Justicia Igualitaria y Popular
CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
Centro de Justicia y Derechos Humanos “Eduardo Luis Duhalde” de la Universidad Nacional de Lanus – UNLa
Centro de participación monseñor Enrique Angelelli
CEPOC – Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH
CHA – Comunidad Homosexual Argentina
Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) – Investigación y Desarrollo para la Inclusión
CLADEM-Argentina – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Colectivo Nacional Mario Bosch – Red de Abogadxs en Causas de Crímenes de Lesa Humanidad
Colectivo Ni Una Menos
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Comisión Provincial por la Memoria
Comisión Vesubio y Puente 12
Compromiso Democrático Argentina
Comunicación por la diversidad
Conurbanos por la Diversidad
Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina
Cooperativa de Trabajo Las Charapas
Coordinadora contra la violencia carcelaria y policial
COPADI – Colectivo para la Diversidad
COTRANS LAC – Confederación Trans de Latinoamerica y el Caribe
CTA Autónoma
CTA de los Trabajadores de la Argentina
Devenir Diverse – Córdoba
Dirección de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata
EFADS -Espacio de formación y acompañamiento en diversidad sexual – Facultad de Periodismo y Comunicación Social – Universidad Nacional de La Plata
ELA – Equipo latinoamericano de Justicia y Género
Ex presas y presos políticos de Mendoza
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Salud – Universidad Nacional de Santiago del Estero
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – Mendoza
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
FARN – Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fe. De. Vi. Argentina – Fuerza Emancipadora de Villas y Barrios Marginados de la Ciudad de Buenos Aires
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Fundación Memorias e Identidades del Tucumán – Tucumanpa yuyaymin
Fundación Mujeres x Mujeres
GMAF – Grupo de Mujeres de la Argentina
H.I.J.O.S. Mendoza
H.I.J.O.S. Red Nacional
H.I.J.O.S. Tucumcán – Red Nacional
Habitar Argentina
ILSED – Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
Insgenar – Instituto de Género, Derecho y Desarrollo
Jóvenes x la Diversidad
La Garganta Poderosa
La Machi Osc
Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Liga Argentina por los derechos del hombre de Mendoza
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta
MANIFIESTA cooperativa audiovisual feminista
MEDH – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Mendoza
MEDH- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Memoria Abierta
Memoria Activa
MISER nacional
MODEVIFA – Movimiento en defensa de la vivienda familiar – Mendoza
Movimiento Mayo
Movimiento Nacional Campesino Indígena – Via Campesina
Movimiento Popular la Dignidad – Mendoza
MPP – Movimiento de Profesionales para los Pueblos
Mujeres Trans Argentina
Mujeres Trans y Travestis de Corrientes
Observatorio de Comunicación, Género y Diversidad con perspectiva en DDHH de la Facultad de Periodismo y Comunicacion Social-UNLP
Observatorio de Derechos Humanos – FADECS – Universidad de Comahue
Observatorio de Derechos Humanos de Rio Negro
Observatorio de los Derechos de la Infancia “Eduardo Bustelo”
OTRANS Argentina
Poder Ciudadano
REDCOM -Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina
REDI – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
SADOP – Sindicato Argentino de Docentes Particulares – Mendoza
SERPAJ – Servicio Paz y Justicia
SITEA – Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados – Mendoza
TLGBI – Frente de organizaciones
Unión de trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza
Unión Diaguita de Tucumán
XUMEK – Mendoza
Yo No Fui
Zainuco – Neuquén

 

¿Por qué #ImpugnamosAdeCasas como candidato para la @CIDH?

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Sin necesidad ni urgencia, el gobierno avanza hacia la construcción de un chivo expiatorio.

Comunicado de CAREF en repudio al Decreto 70/2017

El Decreto 70/2017 publicado el día 30 de enero  reforma la Ley Nacional de Migraciones 25871/2004 en cuestiones centrales del texto.

Los fundamentos del decreto de necesidad y urgencia se basan en una serie de datos estadísticos descontextualizados y sin fuente precisa que pretenden demostrar la alta incidencia del delito entre la población migrante en Argentina instalando la idea de una situación de “naturaleza excepcional” que amerita medidas urgentes. Este uso intencionado de la información sesgada busca justificar la decisión del Poder Ejecutivo de reformar la Ley Nacional de Migraciones, sancionada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación, tras el trabajo conjunto del Estado y la sociedad civil y con alto consenso social.

Muchas organizaciones ya hemos manifestado en diversas oportunidades que estas aseveraciones son falaces y no encuentran asidero en la realidad. Recordemos algunos datos:

  • Argentina es un país con un 4,5% de inmigrantes. Es decir que aproximadamente 2 millones de personas de los 43 millones que habitan este país han nacido en el exterior.
  • Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, las personas extranjeras detenidas por delitos relativos a drogas suman 1.426 (mil cuatrocientas veintiséis), esto representa el 0,06 por ciento de la población inmigrante que habita nuestro país y el 2% de los 71.464 (setenta y un mil cuatrocientas sesenta y cuatro) personas que cumplen pena privativa de libertad por cualquier delito.
  • Según información del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del año 2015, la población extranjera en cárceles asciende a 4.449 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve). Este grupo representa el 6,2% del total de la población carcelaria de nuestro país.

La pregunta que nos hacemos es: ¿estos números explican una situación de excepcionalidad, necesidad y urgencia tal que amerite modificar una Ley Nacional a través de un Decreto de este tipo?  La lógica indicaría que no, más aún si tenemos presente que no hay indicios de una escalada descomunal en la representación de extranjeros en el registro de delitos.

Pues bien,  ¿cuál es entonces el sentido de esta norma? Desde hace un tiempo asistimos a una discusión mediática que se esfuerza en plantear un enorme crecimiento de la presencia de extranjeros en Argentina, que abunda en aseveraciones simplistas y sin sustento (por ejemplo, argumentar que la venta ambulante ocurre porque hay migrantes) y  que pone en duda si las universidades públicas deberían tener entre sus estudiantes a personas inmigrantes o si los hospitales públicos deberían atenderlos en igualdad de condiciones que a nacionales.  Funcionarios de alto nivel y legisladores señalan a los migrantes como “resaca” que genera problemas y hasta afirman que “se matan entre ellos”.  Todo el delito relativo al narcotráfico en Argentina pareciera ser pura responsabilidad de paraguayos, peruanos, bolivianos, colombianos, mexicanos.

La puesta en escena de esta serie de discursos y relatos que ligan a la migración con el delito y el uso abusivo de los recursos públicos es y ha sido históricamente un canal de “distracción” y “descompresión” en medio de situaciones de crisis sociales y económicas. Una manera fácil pero con grandes costos sociales de sostener la legitimidad sin hablar de los problemas de fondo. Ocurrió en 1902 con la Ley de Residencia, que permitió que por razones de “orden público” cientos de inmigrantes italianos, franceses o españoles fueran rápidamente deportados por luchar por sus derechos laborales. Sin ir tan lejos en el tiempo, hemos vivido situaciones similares en los ’90: los ataques a los quinteros bolivianos en Escobar y el asesinato de Marcelina Meneses y su bebé Joshua, empujados de un tren en movimiento al grito de “boliviana de mierda”, nos recuerdan los hechos aberrantes que pueden suceder en la vida cotidiana cuando desde altas esferas del Estado se habilitan discursos y prácticas xenófobas.

No hay necesidad ni urgencia para modificar por decreto una Ley Nacional como la 25.871. Sí observamos que es imperativo reflexionar y darnos un debate serio y sin sensacionalismos sobre los problemas de fondo de nuestro país. En una Nación que se encuadra en un régimen democrático y republicano, el Congreso Nacional, con amplia participación de actores sociales diversos, es el ámbito habilitado para ello.

Analicemos algunos aspectos preocupantes del Decreto 70/2017.

Esta norma introduce una serie de elementos que permiten prever efectos que atentan contra garantías básicas y derechos de migrantes en su vida diaria. Si el decreto apunta al “narcodelito”, no se entiende por qué una de las principales modificaciones entre las causales de cesación de residencia es la inclusión de delitos que acarrean penas menores a tres años, como el hurto o la usurpación así como cualquier hecho culposo (un accidente de tránsito, por ejemplo).  Vale decir que cualquier delito ligado a ley de estupefacientes prevé penas mayores a tres años, las cuales ya constituían un impedimento para la radicación  en el texto original de la Ley 25871. Así, podríamos suponer que detrás de este decreto existe una clara intención de disciplinamiento social de las personas migrantes pobres, que excede la persecución y sanción del delito, y que en nada se vincula con la situación de emergencia en seguridad que pretende justificar la medida.

El Decreto reduce los plazos del procedimiento, mediante la creación de un tipo de trámite sumarísimo, previendo tres días para cualquier recurso en la vía administrativa o judicial. Seguramente, será la propia justicia quien se expida sobre la viabilidad de estos plazos. De todos modos, valga adelantar las dudas de cualquier ciudadano acerca de su real cumplimiento, más aún si tenemos en cuenta que este plazo de tres días también es aplicable a la presentación de cualquier recurso judicial que debe ser fundado y con patrocinio letrado. Sumémosle a ello que para acceder a la defensa pública y gratuita,  las personas extranjeras deberán acreditar la falta de recursos económicos. La norma no prevé cómo ni quienes se ocuparán de este trámite indispensable para el acceso a la justicia. Aquí también invitamos a una pregunta reflexiva: la justicia en plazos sumarísimos, —casi una justicia express— ¿puede ser efectivamente justicia? ¿Es posible impartir justicia con argumentos suficientes en plazos de tres días? ¿O el plazo de tres días es simplemente un recurso formal para que la instancia judicial no pueda cumplir con su deber de revisar la decisión administrativa de la Dirección Nacional de Migraciones? En este contexto, las personas migrantes pobres serán las que queden en situación de mayor vulnerabilidad.

El procedimiento administrativo es otra clara regresión que debe discutirse. Desde el Decreto-Ley Videla de 1981 que no había una concentración de atribuciones y competencias en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) tal como la que prevé esta norma.  La DNM  inicia la suspensión de una radicación ante cualquier hecho penal que involucre a un migrante, puede sancionar a otros órganos del Estado por no informar en los plazos establecidos y es la única entidad pública que puede arbitrar sobre las causales de excepción a la suspensión y/o cancelación de la radicación. Ser arte y parte, juez y verdugo: una concentración de atribuciones en un ámbito administrativo difícilmente sustentable en el marco de la institucionalidad democrática.

Vayamos ahora a la reunificación familiar. La vida en familia es un derecho inalienable reconocido en múltiples legislaciones internacionales y nacionales. El decreto lo restringe sustancialmente, al punto de prever en el caso de sentencia condenatoria firme que la “DNM podrá dispensar la cancelación de la residencia si el extranjero invocare reunificación familiar respecto de progenitor, hijo o cónyuge ciudadano argentino”. Léase que quedan excluidos familiares directos nacidos en el exterior (madre/padre, cónyuge e hijos), a pesar del arraigo más o menos prolongado que puedan tener en Argentina, y de contar con residencia regular en el país.

En síntesis; las estadísticas no muestran ninguna situación de excepción que amerite un decreto de necesidad y urgencia para modificar la Ley 25871. Los cambios introducidos dañan la institucionalidad democrática poniendo en foco a las personas inmigrantes, una minoría que lejos de ser responsable de todos nuestros males comparte con nosotros el padecimiento de muchos de ellos. Con este decreto, que pone en jaque principios esenciales de la democracia y la justicia (tales como el principio de inocencia, la igualdad ante la ley y el derecho a la  defensa)  los inmigrantes verán más vulnerados sus derechos y debilitadas las garantías que les asisten.

Apelamos a la capacidad de discernimiento de la Comisión Bicameral Permanente, ámbito del legislativo que deberá expedirse  sobre la validez del Decreto en los próximos días.

Asimismo, manifestamos nuestro profundo desacuerdo con todas las medidas que criminalizan y persiguen a las personas migrantes aprovechándose de su condición de extranjeras, así como con toda norma que restrinja y vulnere el derecho de cualquier persona a migrar y elegir el lugar donde desea vivir. CAREF y las numerosas redes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de lxs migrantes nos mantendremos unidos y en alerta, e interpondremos acciones que impidan la regresión y las restricciones en materia de derechos. Nuestro compromiso es con la convivencia plural y democrática en la que prime la igualdad ante la ley de todas las personas que decidimos habitar este país, nacidos aquí o en cualquier lugar del mundo.

 

Versión para descargar CAREF Comunicado en Repudio al Decreto 70.2017

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Reunión de CAREF y autoridades de sus Iglesias con el Secretario de DDHH de la Nación: preocupación por el avance de políticas migratorias restrictivas

El martes 24 de enero representantes de las Iglesias miembro de CAREF participaron de una reunión con el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, en la cual manifestaron su preocupación ante los avances de políticas y prácticas restrictivas en materia migratoria.

Estuvieron presentes el Pastor Carlos Duarte, Presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP); el Pastor Frank de Nully Brown, Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA); Edgardo Malan, Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y miembro de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (IEVRP); y Gabriela Liguori, Coordinadora General de CAREF. Por su parte, junto con el Secretario de DDHH estuvo Alejandro Collia, responsable del Consejo Federal de Derechos Humanos.

Durante la reunión se conversó sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, según trascendió, el gobierno planea presentar a la brevedad y contiene una serie de medidas restrictivas del derecho a la migración, entendido como un derecho humano fundamental. En línea con el reciente comunicado conjunto difundido por CAREF y otras organizaciones de derechos humanos[1],  expresaron su desacuerdo con las medidas y el modo de llevarlas adelante ya que no se encuentran argumentos ni datos estadísticos que avalen la decisión de un DNU, sin debate con las organizaciones de migrantes y aquellas expertas en la temática ni tratamiento en el Congreso de la Nación. En esta línea, mencionaron como otra de las preocupaciones, la falta de información oficial dirigida a las organizaciones de migrantes y que trabajan con migrantes, entendiendo que el acceso a la información está en la base de un sistema democrático.

Asimismo, los representantes de las Iglesias, identificándose como iglesias de migración, explicitaron su malestar por los numerosos dichos xenófobos y discriminatorios de funcionarios de alto nivel y representantes del poder legislativo que circularon recientemente en los medios de comunicación. En este marco, enfatizaron el compromiso humanitario que sostienen con la migración y con la dignidad humana de las personas migrantes, entendidas como una cuestión bíblica.

A modo de cierre, resaltaron la importancia de impulsar espacios de diálogo constructivo que permitan avanzar hacia políticas públicas que fortalezcan y aseguren los derechos de las personas migrantes y no hacia políticas regresivas y restrictivas de la migración.

 

Se adjunta la nota entregada al Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.

[1]http://www.caref.org.ar/migrantes-en-jaque-una-reforma-migratoria-fuera-de-la-ley.html

 

 

Nota Secretaría DDHH1Nota Secretaría DDHH

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Migrantes en jaque: una reforma migratoria fuera de la ley

(20 de enero de 2017) COMUNICADO CONJUNTO

El gobierno nacional modificará las leyes de migraciones 25.871 y de nacionalidad 346 por medio de un decreto de necesidad y urgencia. El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión.

La propuesta también busca cambiar el acceso a la nacionalidad argentina: en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es “legal”. De esta manera reinstaura el criterio que había establecido la última dictadura cívico-militar y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín.

El texto es una regresión para los derechos de las personas migrantes. Su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley. La personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal.

Una persona migrante –tenga residencia regular o no– que subsiste de la venta callejera puede ser denunciada penalmente, por ejemplo, por la actividad económica que desarrolla o por resistir a un desalojo en la vía pública. Los jueces y fiscales tendrán la obligación de notificarle a la Dirección Nacional de Migraciones de la existencia de causas penales en las que se identifique como responsable a un migrante, lo que desatará el inicio del trámite de expulsión o la revisión de las residencias ya otorgadas. Con el solo procesamiento firme por cualquier delito que prevea pena privativa de libertad podrá ser expulsado del país, con escasas posibilidades de defenderse en el trámite migratorio.

comunicado

Si el gobierno decide avanzar con esta reforma eludiendo nuevamente el Congreso estará dando señales graves: restringirá derechos humanos sin ningún control parlamentario y establecerá una política migratoria contraria a los compromisos internacionales asumidos. Además, lo hará por una vía contraria a la Constitución, ya que regulará sobre materia prohibida para legislar por DNU y sin los requisitos exigidos. Como ya ha ocurrido, esto evidencia un claro déficit democrático.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que había celebrado en 2004 y en 2010 la legislación migratoria argentina, le reclamó al gobierno el 9 de diciembre del año pasado que no se adoptara ninguna medida que significase un retroceso respecto del marco normativo vigente. El comité también destacó “la falta de un diálogo fluido y regular con las asociaciones de migrantes”. La adopción de este DNU sin ningún espacio de discusión es una muestra de extrema gravedad de esta falta de diálogo. La ley de migraciones 25.871 fue producto del consenso alcanzado a partir de un amplio debate iniciado en el año 1999 por diferentes actores, en ámbitos sociales, académicos y legislativos, que permitió la revocación del decreto ley de migraciones, denominada “Ley Videla”.

El gobierno anuncia esta reforma como parte de sus políticas de seguridad. El presidente Mauricio M​acri afirmó, por ejemplo, que “​p​or falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir​”. Presentarla de esta manera es hacer un uso engañoso de la información. La participación de personas migrantes en el total de los delitos no es significativa: menos del 5% de la población carcelaria es extranjera. Ocurre, en cambio, que algunos casos que involucraron a personas extranjeras fueron graves y/o tuvieron mucha difusión. Sin embargo, la ley vigente ya establece los mecanismos para expulsar a aquellos que tuvieran procesamiento firme por delitos graves (como narcotráfico). Es decir: la reforma de la ley no se dirige a quienes cometan delitos graves sino a ampliar y endurecer el control de quienes cometen delitos menores o ilegalismos (como la venta callejera). Por estos motivos el impacto de esta medida será menor para la prevención del delito y será significativo en la restricción de los derechos de las personas migrantes de escasos recursos. Se trata por lo tanto de una política clara de exclusión social.

Hace años que la asociación entre migrantes y delito es utilizada por los gobiernos, siempre con los mismos fines: instalar un falso problema para desplazar de la agenda pública otras cuestiones más urgentes y relevantes y, al mismo tiempo, mostrar un supuesto compromiso con la prevención del delito que evita abordar los problemas graves de seguridad y violencia.

Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes – CAREF
Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina
Red Nacional de Líderes Migrantes
OTRANS Argentina

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10 de enero: Día de la Mujer Migrante en CABA

En este día recordamos a Marcelina Meneses, migrante de la comunidad boliviana, quien fue arrojada junto a su bebé de un tren en movimiento, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todas las mujeres migrantes.

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Muchas felicidades

Que este tiempo de navidad nos inspire para recibir con corazones abiertos a quienes vienen cansados/as de caminar en búsqueda de una vida mejor.

¡CAREF les desea feliz navidad y año nuevo!

 

 

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Convocatoria: Programa de Investigación y Formación 2017

CAREF convoca a estudiantes avanzados/as y graduados/as recientes a postularse para participar del programa semestral de formación e iniciación a la investigación en temáticas migratorias y de refugio, a desarrollarse entre el 3 de abril y el 30 de noviembre de 2017.

Los ​f​ormularios se recibirán hasta el 17 de febrero en mpacecca@caref.org.ar y caref@caref.org.ar

Documentos de presentación y postulación:

CV Postulante PIF 2017

Convocatoria Programa de Investigación y Formación en CAREF 2017

 

Para mayor información, escribir a María Inés Pacecca – mpacecca@caref.org.ar

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18 de Diciembre – Día Internacional del Migrante

Celebramos hoy 18 de diciembre el #DíaInternacionalDelMigrante presentando un resumen de las numerosas fotos que hemos recibido en el marco de la Campaña #SerMigrante.

Seguimos sumando adherentes, y esperamos tu foto, individual o grupal, en nuestras diferentes redes.

Hablemos del #DerechoaMigrar. La invitación es a debatir, cuestionar y repensar las representaciones que asocian a las y los migrantes con la delincuencia, la inseguridad y las cuestiones policiales, a la vez que promueven identificaciones posi­tivas sobre estas poblaciones.

La campaña #SerMigrante se apoya en una perspectiva de derecho, es decir tiene como marco el dere­cho a la migración y el acceso a derechos de las poblaciones migrantes en el lugar en que se encuen­tren y sin consideración de su condición migratoria.

Video #SerMigrante

 

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ORGANIZACIONES DE DDHH PRESENTAN LA CAMPAÑA #SERMIGRANTE

“En un mundo en movimiento, personas con derechos en cualquier lugar”. Con esta frase, el domingo 18, en el marco del Día Internacional del Migrante, se presentarán los primeros materiales de la Campaña #SerMigrante impulsada por la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) con el apoyo de numerosas organizaciones de Derechos Humanos del país y la región. La campaña busca generar una reflexión crítica y una sensibilización en los destinatarios en torno a sus ideas respecto de la población migrante y las migraciones en general. Se trata de cuestionar las representaciones que asocian a las y los migrantes con la delincuencia, la inseguridad y las cuestiones policiales, a la vez que se promueven identificaciones positivas sobre la migración.

#SerMigrante 3

La iniciativa surge de la preocupación por la difusión de mensajes discriminatorios de las poblaciones migrantes en los medios de comunicación. Creemos que estos mensajes discriminatorios generan el marco propicio para la restricción de derechos por parte de los Estados. En este sentido, la campaña #SerMigrante se apoya en una perspectiva de derecho, es decir tiene como marco el derecho a la migración y el acceso a derechos de las poblaciones migrantes en el lugar en que se encuentren y sin consideración de su condición migratoria.

#SerMigrante 2

Para el 18 de diciembre está prevista la presentación en las redes sociales de un conjunto de piezas gráficas con imágenes de migrantes que llegaron a Argentina desde diferentes lugares. En las fotografías se hace referencia al nombre propio de la persona y se enfatiza la idea de que ser migrante es tener una historia. Allí, podemos ver a un sonriente joven camerunés, a mujeres adultas de distintos países de Centroamérica o a una pareja colombiana, entre otros. El cierre del material está dado por una serie de lemas que van desde “Ser migrante no es ser peligroso” o “Ser migrante no es una amenaza” a propuestas como “Ser migrante es ser familia”, “Ser migrante es buscar una vida mejor” o “Ser migrante es ser humano”.

#SerMigrante 1

La campaña también incluye una propuesta participativa denominada Acción Fotográfica, que busca sumar a aquellos que quieren expresar su compromiso con los derechos de las personas migrantes a través de una fotografía personal con alguno de los lemas. Los lemas se descargan desde las redes sociales y allí mismo se publican las fotografías. Para el Día Internacional de los Migrantes, se difundirá un video con una selección de las imágenes que se recibieron. Las piezas gráficas y los lemas se pueden descargar desde el Facebook de la campaña fb.me/SerMigrante.

 

Numerosas organizaciones y referentes de los derechos humanos están apoyando la campaña. Hasta el momento, se recibió la adhesión de:

Agencia Latinoamericana de Noticias (ALC), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación Civil Comunicación para la igualdad, Asociación Ecuménica de Cuyo, Agrupación Xangó, Asylum Access – América Latina, Asylum Access – Ecuador, Asylum Access – México, Casa del Migrante Saltillos (México), Centro de Derechos Humanos – Universidad Diego Portales (Chile), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses, Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM – Costa Rica), Centro Nueva Tierra, Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS), Colectivo de migrantes y exiliadxs colombianos  por la Paz (MECoPa), Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM), Fundación Protestante Hora de Obrar, Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil (GAR-PAB), Iglesia Discípulos de Cristo (IDC), Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (IEVRP), Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración es una Asociación Civil (IARPIDI), Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Memoria Abierta, Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), Refugee Program Living Water Community (LWC-Trinidad y Tobago), Servicio Jesuita a Refugiados (SJR – Ecuador), Sin Fronteras (IAP – México), Yanapacuna.

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