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Por la continuidad de todas las pensiones interrumpidas

OSC exigimos al Ministerio de Desarrollo Social que asegure la continuidad inmediata de todas las pensiones interrumpidas

Más de 25 organizaciones de la sociedad civil, exigimos a la Ministra Stanley el inmediato restablecimiento de todas las pensiones suspendidas y dadas de baja con carácter retroactivo, y de todos los beneficios sociales o de salud que de ellas se derivan.

Las vagas explicaciones brindadas por la Ministra Stanley son insuficientes, y no atienden a la grave problemática que el propio Ministerio ha generado. Entre sus falencias se observa que no precisan qué pensiones se restablecerán y cuáles no, omiten detallar en qué casos consideran que han habido errores, cuál será el procedimiento que se aplicará, ni qué criterios se aplicarán para resolver sobre el otorgamiento y continuidad de las pensiones.

 

La suspensión masiva de pensiones se produjo sin respetar garantías mínimas del debido proceso, y aplicó criterios restrictivos e inconstitucionales.  

La baja y suspensión de las pensiones, no solo implica la suspensión de la prestación económica, sino que restringe el acceso a servicios médicos. La interrupción de tratamientos médicos, es una de las graves consecuencias que esta medida ha ocasionado.

De los reclamos recibidos observamos que en ciertos casos el Ministerio continúa sosteniendo criterios irrazonables, lo que se ve en el sostenimiento de la suspensión por ser titular de un vehículo automotor. Asimismo, a algunas personas el Ministerio les ha dicho que no se tiene certeza de cuándo se restablecerá su prestación, afirmando que podría ser recién el mes siguiente o más adelante. La no aplicación del procedimiento reglado, las imprecisiones de las comunicaciones oficiales y las respuestas concretas que a varios días del anuncio oficial están recibiendo las personas afectadas, generan que muchas de ellas continúen en la incertidumbre respecto de si recuperarán su pensión, o cómo hacer para controvertir una suspensión que consideran arbitraria. Su estado de indefensión agrava aún más su situación de vulnerabilidad.

 Los criterios utilizados, mediante una interpretación aislada del decreto 423/97, que incluyen el análisis de bienes y/o ingresos en el grupo familiar, refuerzan los vínculos de dependencia de las personas con discapacidad, desconociendo su derecho vivir de manera independiente y a ser incluidas en la comunidad, reconocido en el art. 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

El Ministerio debe restablecer de manera inmediata las pensiones suspendidas o dadas de baja en violación al debido proceso, tanto durante el mes de junio, como en meses anteriores, e implementar un mecanismo de información y discusión que asegure de manera efectiva y real el derecho a ser oído y a ejercer la defensa, ofrecer y producir prueba, con la suficiente antelación, por parte de todas aquellas personas titulares de una pensión por discapacidad.

Por último, se ha solicitado que genere espacios de participación de la sociedad civil en el proceso de adecuación del decreto 432/97 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los tratados internacionales de derechos humanos y asegure que hasta tanto ello suceda su interpretación se haga de acuerdo con dichos instrumentos.

La nota que presentamos se puede descargar desde aquí

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Organizaciones de la Sociedad Civil y la CIDH analizan la situación migratoria en las Américas

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Argentina, comprometidas con la defensa de los derechos de las personas migrantes, se reunieron para analizar el actual contexto migratorio y articular acciones conjuntas, de manera simultánea a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Buenos Aires.

Asimismo, en diálogo con representantes de la CIDH, las OSC presentaron un pedido de visita oficial a la Argentina de la Relatoría sobre Derechos de las Personas Migrantes de ese organismo regional, a fin de dar continuidad al proceso iniciado con la Audiencia de Oficio solicitada por la CIDH en Washington el 20 de marzo del año en curso sobre “Cambios normativos en materia migratoria en Argentina”. En aquella oportunidad, las OSC cuestionaron los cambios que el ejecutivo introdujo por decreto a la Ley Nacional de Migraciones 25871 por considerarlas violatorias de derechos esenciales de las personas. El Estado no pudo argumentar las razones de necesidad y urgencia de las modificaciones introducidas ni rebatir los planteamientos de las organizaciones expositoras en la audiencia: CAREF, CELS, IARPIDI y CEDIC.

El Encuentro Nacional de Clínicas Socio Jurídicas sobre Migraciones y Derechos Humanos – co-organizado por CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), CELS(Centro de Estudios Legales y Sociales), el Programa de Migración y Asilo de la UNLa, FEC (Fundación Ecuménica de Cuyo), la Red Nacional de Líderes Migrantes y la Pastoral Migratoria de Neuquén -se desarrolló en Buenos Aires entre el 26 y 27 de mayo, y contó con la participación de las Clínicas Socio Jurídicas de Argentina, dirigidas por varias de las organizaciones de la sociedad civil mencionadas y en articulación con la academia. Dichas Clínicas Socio-Jurídicas están arraigadas en Jujuy, Neuquén, Mendoza y Buenos Aires.

En este marco se brindó la Conferencia Pública “Movilidad internacional: Desafíos actuales para los derechos humanos en las Américas”, que contó con la participación de la Comisionada Margarette May Macaulay quien disertó sobre “La situación actual de las personas migrantes en las Américas”; se presentó el Informe “Nacido en las Américas: Promesa y práctica de las leyes de nacionalidad en Brasil, Chile y Colombia” elaborado por Open Society Justice Initiative (OSJI); y se dialogó sobre las clínicas socio jurídicas como espacios de formación profesional e incidencia pública en la cuestión migratoria.  Los representantes de la CIDH mantuvieron un diálogo privado con un grupo de organizaciones especializadas en la temática así como con líderes de colectividades migrantes.

La iniciativa surgió como parte del rol de las organizaciones de la sociedad civil que se constituyen en actor colectivo clave a la hora de impulsar procesos que impidan el retroceso de derechos en materia migratoria en nuestro país.

 

 

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#NosUneLaVida Campaña sobre la migración en Argentina

 

 

La campaña #NosUneLaVida se propone, a través de 4 spots audiovisuales, recuperar y visibilizar un aspecto que pareciera olvidado o silenciado en el debate de hoy: las personas no somos únicamente (ni principalmente) “nativas” o “extranjeras”. Antes que nada, somos amigas/os, compañeras/os, vecinas/os, parejas, madres, padres, hijos, hijas y parientes… Estos lazos de compañerismo, amistad y amor nos unen día a día y son parte de nuestra vida. Son lazos que no saben de países ni de fronteras.

Miremos a nuestro alrededor: somos diferentes y somos iguales. Lo que nos une es la vida.

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Para acceder a los spots: #NosUneLaVida

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Rechazo al fallo de la Corte Supremas sobre crímenes de lesa humanidad

 

Con preocupación, desde CAREF rechazamos y repudiamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que abre la posibilidad de que represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando la norma denominada el “2×1”.

Reafirmamos el histórico y permanente compromiso de nuestra institución en la defensa de los derechos humanos desde una profunda convicción de fe y justicia.

Compartimos y adherimos al comunicado de los Organismos de Derechos Humanos.

 

LA CORTE SUPREMA DEJA EN LIBERTAD A LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD

 

FUENTE: ORGANISMOS DE DDHH AUTOR: ORGANISMOS DE DDHH

Manifestamos nuestro enérgico repudio a la decisión que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el “2×1”.

Los organismos de derechos humanos aquí presentes manifestamos nuestro enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el “ 2×1”, una norma vigente solo entre 1994 y 2001.

Como es de público conocimiento, el fallo con la mayoría de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti declaró aplicable la ley 24.390, derogada en 2001 y más conocida como 2×1, en el caso de Luis Muiña.

Hasta el día de hoy, fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos.

Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.

Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.

Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema.

De tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y, así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho.

Llama poderosamente la atención que la jueza Highton de Nolasco, que en otras oportunidades impartió Justicia a favor de la verdad, hoy vote en sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes. Para dar un ejemplo, en el fallo Magnacco de 2009, que llamativamente fue omitido por la mayoría del Tribunal, justamente Highton de Nolasco se había pronunciado de forma opuesta a la resolución que tomó hoy, al considerar que debía aplicarse la ley 24.410, que establece penas más graves para delitos de apropiación.

Los organismos no claudicaremos en la lucha por la Justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias nacionales e internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Asimismo, convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados, que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad.

Abuelas de Plaza de Mayo /Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas / H.I.J.O.S. Capital / Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) / Asociación Buena Memoria / Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte / Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz / Fundación Memoria Histórica y Social Argentina / Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

 

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Taller “Derechos de las personas migrantes”

El lunes 3 de Abril el equipo de CAREF realizó un taller con 30 docentes de 3 Centros de Primera Infancia, ubicados en el barrio de Constitución, Villa Soldati y Mataderos.

 

Se profundizó en el contexto actual de la política migratoria, los mitos que existen en torno a la población migrante y cuestiones vinculadas a la documentación.


El objetivo del taller es que las docentes cuenten con información y herramientas para realizar el acompañamiento a madres, padres y familias que acuden a los CPI.

 

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Taller “Derechos sin fronteras. Imágenes y relatos sobre migración y refugio”

El sábado 18 de marzo CAREF y MECOPA organizaron el Taller “Derechos sin fronteras. Imágenes y relatos sobre migración y refugio” en el marco del 1° Encuentro de Fotografía y Derechos Humanos que se realizó en el Espacio de la Memoria (Ex Esma).

En un contexto nacional, regional y mundial de criminalización y discriminación de poblaciones migrantes y refugiadas, el taller funcionó como un espacio de intercambio de vivencias. Con el foco puesto en los derechos y en un clima de gran emotividad, los/as participantes compartieron sus experiencias de partida, llegada y cruce de fronteras.

Durante la actividad también se proyectaron fotografías sobre la migración y el refugio y se presentó la campaña #SerMigrante que CAREF lanzó a fines de 2016, junto con numerosas organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos del país y la región.


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Audiencia en la CIDH: El Estado no pudo justificar el DNU de migrantes

Hoy se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los cambios introducidos a la Ley de Migraciones argentina por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017. El DNU restringe los derechos de las personas migrantes en vez de garantizarlos y el Estado, una vez más, no pudo explicar ni la necesidad ni la urgencia de su decisión.

El DNU fue presentado inicialmente como una medida de seguridad y habilita la expulsión de personas migrantes, incluso por faltas migratorias y delitos leves. En ese sentido, asocia la migración con la delincuencia sobre un diagnóstico basado en datos parciales y descontextualizados. El relator para la Argentina, Francisco Eguiguren, destacó la preocupación de la Comisión por la relación entre migración y delito y la xenofobia y la estigmatización de las personas migrantes que promueve.

Diego Morales del CELS dijo que el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Se posibilita la detención de migrantes desde el inicio de ese trámite y una detención indefinida si la persona recurre la orden de expulsión. En este DNU la regla es la privación de la libertad -algo que generó especial preocupación entre los comisionados presentes.

Gabriela Liguori de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), por su parte destacó que el DNU viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones. La Dirección Nacional de Migraciones pasa a tener la última palabra porque el DNU prohíbe al poder judicial revisar su decisión de otorgar dispensas, o exenciones, para evitar la expulsión.

Nengumbi Sukama del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) dijo que al asociar la migración con la delincuencia, el DNU habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial. Expuso el caso de un migrante africano que vendía mercancía en la vía pública y terminó desmayado por una llave inmovilizadora que le aplicó un policía, y a quien le iniciaron una causa penal por resistencia a la autoridad.

Justamente el DNU habilita la cancelación de residencia y la expulsión para delitos menores como la resistencia a la autoridad, lo cual podría tener un efecto desalentador en la participación de las personas migrantes en las protestas sociales, dijo Marta Guerreño López de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina.

A pesar de que los integrantes de la CIDH le pidieron al Estado que explicara las razones que justificaron el dictado de una norma de emergencia, sus representantes evadieron la respuesta. Las organizaciones que expusieron en la audiencia destacaron entonces que el DNU 70/2017 debe ser derogado por el poder ejecutivo o rechazado por el Congreso Nacional.

Participaron en la audiencia representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina y la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba.

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Reintegran $67 millones para políticas contra la violencia hacia las mujeres

(Buenos Aires, 02 de marzo de 2017) – En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 149/2017, por medio de la cual se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017. De esta forma se reafectan los 67 millones de pesos para el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA) que habían sido eliminados en enero de este año, tal como denunciaron públicamente las organizaciones ACIJ, ELA, CAREF, FEIM, MEI y la Fundación Siglo 21.

Esta decisión, firmada por el Jefe de Gabinete y el Ministro de Hacienda , asigna 67 millones de pesos al programa 17 “Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer”, cuya unidad ejecutora es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a través del CNM.

El 11 de enero pasado, el Jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, había resuelto recortar 67 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al CNM y a la implementación del PNA, en violación del presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional. Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Siglo 21 presentaron el 15 de febrero un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el Jefe de Gabinete, se reafecte el presupuesto aprobado por el Congreso y se establezca un mecanismo de seguimiento de su ejecución.

Es sumamente relevante resaltar la magnitud de la intervención de la sociedad civil en la Decisión Administrativa que hoy se publica:  esta rectificación presupuestaria es un logro de todas las organizaciones que nos movilizamos para que haya un presupuesto acorde con las políticas públicas necesarias para disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres. Fuimos las organizaciones las que advertimos la desafectación presupuestaria efectuada mediante la Decisión Administrativa 12/2017 y quienes hicimos público el problema. Gracias al apoyo de los medios de comunicación y del interés de la sociedad en el tema se logró esta rectificación.

Sin embargo, a partir de la información publicada en el Boletín Oficial todavía no queda bien desglosada la partida que corresponde a las actividades previstas en el PNA y la partida de 20 millones de pesos para suplementar el presupuesto institucional del CNM. Por este motivo, consideramos indispensable exigir el establecimiento de un adecuado mecanismo de información periódica para hacer el seguimiento y monitoreo de  la ejecución de estas partidas presupuestarias a lo largo del ejercicio, así como para asegurar la intangibilidad de estos fondos.

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Taller “Los migrantes en la comunidad”

El 20/02 CAREF realizó un taller en el Centro de Formación Profesional Nº16 del del Ministerio de Educación CABA. Participaron 15 docentes que brindan talleres gratuitos de plomería, electricidad, informática e idiomas como una forma de promover la inserción laboral.

Durante el taller, se trabajó sobre los preconceptos que existen en torno a la población migrante. Se conversó sobre la importancia de que los docentes puedan vincularse con los/as estudiantes sin reproducir esos prejuicios, cumpliendo un rol de facilitadores para acceso a sus derechos y desde una perspectiva de inclusión.

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