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Rechazo al fallo de la Corte Supremas sobre crímenes de lesa humanidad

 

Con preocupación, desde CAREF rechazamos y repudiamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que abre la posibilidad de que represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando la norma denominada el “2×1”.

Reafirmamos el histórico y permanente compromiso de nuestra institución en la defensa de los derechos humanos desde una profunda convicción de fe y justicia.

Compartimos y adherimos al comunicado de los Organismos de Derechos Humanos.

 

LA CORTE SUPREMA DEJA EN LIBERTAD A LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD

 

FUENTE: ORGANISMOS DE DDHH AUTOR: ORGANISMOS DE DDHH

Manifestamos nuestro enérgico repudio a la decisión que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el “2×1”.

Los organismos de derechos humanos aquí presentes manifestamos nuestro enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el “ 2×1”, una norma vigente solo entre 1994 y 2001.

Como es de público conocimiento, el fallo con la mayoría de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti declaró aplicable la ley 24.390, derogada en 2001 y más conocida como 2×1, en el caso de Luis Muiña.

Hasta el día de hoy, fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos.

Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.

Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.

Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema.

De tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y, así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho.

Llama poderosamente la atención que la jueza Highton de Nolasco, que en otras oportunidades impartió Justicia a favor de la verdad, hoy vote en sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes. Para dar un ejemplo, en el fallo Magnacco de 2009, que llamativamente fue omitido por la mayoría del Tribunal, justamente Highton de Nolasco se había pronunciado de forma opuesta a la resolución que tomó hoy, al considerar que debía aplicarse la ley 24.410, que establece penas más graves para delitos de apropiación.

Los organismos no claudicaremos en la lucha por la Justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias nacionales e internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Asimismo, convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados, que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad.

Abuelas de Plaza de Mayo /Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas / H.I.J.O.S. Capital / Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) / Asociación Buena Memoria / Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte / Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz / Fundación Memoria Histórica y Social Argentina / Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

 

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Taller “Derechos de las personas migrantes”

El lunes 3 de Abril el equipo de CAREF realizó un taller con 30 docentes de 3 Centros de Primera Infancia, ubicados en el barrio de Constitución, Villa Soldati y Mataderos.

 

Se profundizó en el contexto actual de la política migratoria, los mitos que existen en torno a la población migrante y cuestiones vinculadas a la documentación.


El objetivo del taller es que las docentes cuenten con información y herramientas para realizar el acompañamiento a madres, padres y familias que acuden a los CPI.

 

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Taller “Derechos sin fronteras. Imágenes y relatos sobre migración y refugio”

El sábado 18 de marzo CAREF y MECOPA organizaron el Taller “Derechos sin fronteras. Imágenes y relatos sobre migración y refugio” en el marco del 1° Encuentro de Fotografía y Derechos Humanos que se realizó en el Espacio de la Memoria (Ex Esma).

En un contexto nacional, regional y mundial de criminalización y discriminación de poblaciones migrantes y refugiadas, el taller funcionó como un espacio de intercambio de vivencias. Con el foco puesto en los derechos y en un clima de gran emotividad, los/as participantes compartieron sus experiencias de partida, llegada y cruce de fronteras.

Durante la actividad también se proyectaron fotografías sobre la migración y el refugio y se presentó la campaña #SerMigrante que CAREF lanzó a fines de 2016, junto con numerosas organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos del país y la región.


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Audiencia en la CIDH: El Estado no pudo justificar el DNU de migrantes

Hoy se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los cambios introducidos a la Ley de Migraciones argentina por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017. El DNU restringe los derechos de las personas migrantes en vez de garantizarlos y el Estado, una vez más, no pudo explicar ni la necesidad ni la urgencia de su decisión.

El DNU fue presentado inicialmente como una medida de seguridad y habilita la expulsión de personas migrantes, incluso por faltas migratorias y delitos leves. En ese sentido, asocia la migración con la delincuencia sobre un diagnóstico basado en datos parciales y descontextualizados. El relator para la Argentina, Francisco Eguiguren, destacó la preocupación de la Comisión por la relación entre migración y delito y la xenofobia y la estigmatización de las personas migrantes que promueve.

Diego Morales del CELS dijo que el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Se posibilita la detención de migrantes desde el inicio de ese trámite y una detención indefinida si la persona recurre la orden de expulsión. En este DNU la regla es la privación de la libertad -algo que generó especial preocupación entre los comisionados presentes.

Gabriela Liguori de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), por su parte destacó que el DNU viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones. La Dirección Nacional de Migraciones pasa a tener la última palabra porque el DNU prohíbe al poder judicial revisar su decisión de otorgar dispensas, o exenciones, para evitar la expulsión.

Nengumbi Sukama del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) dijo que al asociar la migración con la delincuencia, el DNU habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial. Expuso el caso de un migrante africano que vendía mercancía en la vía pública y terminó desmayado por una llave inmovilizadora que le aplicó un policía, y a quien le iniciaron una causa penal por resistencia a la autoridad.

Justamente el DNU habilita la cancelación de residencia y la expulsión para delitos menores como la resistencia a la autoridad, lo cual podría tener un efecto desalentador en la participación de las personas migrantes en las protestas sociales, dijo Marta Guerreño López de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina.

A pesar de que los integrantes de la CIDH le pidieron al Estado que explicara las razones que justificaron el dictado de una norma de emergencia, sus representantes evadieron la respuesta. Las organizaciones que expusieron en la audiencia destacaron entonces que el DNU 70/2017 debe ser derogado por el poder ejecutivo o rechazado por el Congreso Nacional.

Participaron en la audiencia representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina y la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba.

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Reintegran $67 millones para políticas contra la violencia hacia las mujeres

(Buenos Aires, 02 de marzo de 2017) – En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 149/2017, por medio de la cual se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017. De esta forma se reafectan los 67 millones de pesos para el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA) que habían sido eliminados en enero de este año, tal como denunciaron públicamente las organizaciones ACIJ, ELA, CAREF, FEIM, MEI y la Fundación Siglo 21.

Esta decisión, firmada por el Jefe de Gabinete y el Ministro de Hacienda , asigna 67 millones de pesos al programa 17 “Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer”, cuya unidad ejecutora es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a través del CNM.

El 11 de enero pasado, el Jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, había resuelto recortar 67 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al CNM y a la implementación del PNA, en violación del presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional. Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Siglo 21 presentaron el 15 de febrero un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el Jefe de Gabinete, se reafecte el presupuesto aprobado por el Congreso y se establezca un mecanismo de seguimiento de su ejecución.

Es sumamente relevante resaltar la magnitud de la intervención de la sociedad civil en la Decisión Administrativa que hoy se publica:  esta rectificación presupuestaria es un logro de todas las organizaciones que nos movilizamos para que haya un presupuesto acorde con las políticas públicas necesarias para disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres. Fuimos las organizaciones las que advertimos la desafectación presupuestaria efectuada mediante la Decisión Administrativa 12/2017 y quienes hicimos público el problema. Gracias al apoyo de los medios de comunicación y del interés de la sociedad en el tema se logró esta rectificación.

Sin embargo, a partir de la información publicada en el Boletín Oficial todavía no queda bien desglosada la partida que corresponde a las actividades previstas en el PNA y la partida de 20 millones de pesos para suplementar el presupuesto institucional del CNM. Por este motivo, consideramos indispensable exigir el establecimiento de un adecuado mecanismo de información periódica para hacer el seguimiento y monitoreo de  la ejecución de estas partidas presupuestarias a lo largo del ejercicio, así como para asegurar la intangibilidad de estos fondos.

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Taller “Los migrantes en la comunidad”

El 20/02 CAREF realizó un taller en el Centro de Formación Profesional Nº16 del del Ministerio de Educación CABA. Participaron 15 docentes que brindan talleres gratuitos de plomería, electricidad, informática e idiomas como una forma de promover la inserción laboral.

Durante el taller, se trabajó sobre los preconceptos que existen en torno a la población migrante. Se conversó sobre la importancia de que los docentes puedan vincularse con los/as estudiantes sin reproducir esos prejuicios, cumpliendo un rol de facilitadores para acceso a sus derechos y desde una perspectiva de inclusión.

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Un retroceso para los derechos de las mujeres migrantes

Las organizaciones que forman parte del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres manifiestan su preocupación por el retroceso en materia de derechos que significa el decreto que modifica la Ley de Migraciones y sus efectos en la vida de las mujeres migrantes.

La feminización de las migraciones es una realidad mundial y también local. En la Argentina, cada 100 mujeres migrantes hay 84 hombres migrantes, por lo que los cambios en las leyes y políticas migratorias tienen especial impacto en el caso de las mujeres que residen en el país.

El Decreto 70/2017 publicado el día 30 de enero constituye un grave retroceso en materia de garantías básicas y derechos de las personas migrantes. Las organizaciones que conformamos el proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, advertimos que estas medidas regresivas en materia migratoria tendrán graves efectos para las mujeres, ya que, en lugar de promover su integración a la sociedad argentina, se las estigmatiza, reforzando miradas criminalizadoras que ponen en peligro la unidad familiar.

El decreto relaciona migración con delito, lo que significa que, a la situación ya precaria de muchas mujeres migrantes que sufren explotación laboral, ahora se suma un discurso estigmatizante que proyecta sobre ellas una sombra de “ilegalidad” e incluso “criminalidad”.

Desde Cerrando Brechas venimos advirtiendo que el temor a ser expulsada puede hacer que una mujer migrante se abstenga de denunciar hechos de violencia tanto a nivel doméstico como en su lugar de trabajo. A raíz de la estigmatización que el decreto promueve y la persecución a la que pueden verse sometidas las personas migrantes, las mujeres víctimas de violencia difícilmente se acerquen a las instituciones para denunciar o recibir ayuda en su situación. Según un informe de 2015 de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) si bien la mayoría de las víctimas de violencia era de nacionalidad argentina, hay una significativa presencia de mujeres migrantes que representan el 36% de los casos de femicidio.

La modificación por decreto de la ley migratoria también pone en peligro los lazos familiares de las mujeres migrantes, ya que una pena por un delito menor podría generar la pérdida de la residencia y la expulsión del país, independientemente de que tengan hijos nacidos en Argentina. Aún en los casos de condenas penales por delitos que se hubieran cometido en el país, las mujeres migrantes deben ser tratadas en igualdad de condiciones a los nacionales, permitiendo el cumplimiento de la pena en Argentina.

En síntesis, los derechos de las mujeres migrantes han quedado seriamente amenazados por lo que consideramos este decreto como una medida que va en contra de una sociedad inclusiva y con mayor equidad.

El proyecto Cerrando brechas: articulación de actores estatales y no estatales para mejorar las políticas públicas de violencia contra las mujeres en Argentina es llevado adelante por las organizaciones de la sociedad civil ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados), MEI (Mujeres en Igualdad) y la Fundación Siglo 21 en San Pedro de Jujuy (Jujuy); Fontana (Chaco) y algunos municipios del Gran Buenos Aires, gracias al  apoyo financiero de la Unión Europea.

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Amparo para que la Justicia declare inconstitucional el decreto que modifica la Ley de Migraciones

(23 de febrero de 2017)

Organizaciones demandan al Estado Nacional por la sanción de un decreto que criminaliza a las poblaciones migrantes y atenta contra sus derechos.

Las organizaciones CAREF, CELS y COPADI  presentaron el lunes 13/02 un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que reforma la Ley Nacional de Migraciones 25871/2004.

La demanda fue presentada por la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo por la Diversidad (Copadi), entendiendo que dicha medida representa una fuerte restricción a los derechos de las personas migrantes y constituye un retroceso en la construcción de una sociedad más inclusiva.

El DNU firmado por el presidente Mauricio Macri modifica una norma creada en base a un fuerte consenso social mediante una herramienta extrema, utilizando datos estadísticos sesgados que no justifican la apelación a la necesidad y urgencia.

Las organizaciones firmantes cuestionan el DNU 70/2017 en base a  los siguientes argumentos:

  • No hay  razones de necesidad y urgencia que justifiquen la medida. Los datos estadísticos utilizados por el propio poder ejecutivo dan cuenta de que la problemática criminal asociada a la población extranjera representa una porción muy pequeña del total, que además se ha mantenido estable desde los últimos años. Es decir, no hay ninguna circunstancia excepcional que amerite esta medida.
  • Es preocupante que  entre los argumentos del decreto se apele a la figura de situaciones de “público conocimiento” sin explicitar a qué se hace referencia. Entendemos que un DNU que modifica una ley nacional no puede justificarse por expresiones que han circulado en la opinión pública.
  • En el texto del DNU se hace mención a la necesidad de reducir los plazos para la ejecución de las resoluciones dictadas por el poder ejecutivo, pero no se evalúa dónde se encuentran las demoras.
  • El contenido del decreto representa un claro retroceso en la política migratoria vigente al crearse un procedimiento especial para migrantes sujetos a trámite de expulsión que reduce abruptamente los plazos para la presentación de recursos (a apenas 3 días hábiles), a la vez que limita el acceso a la defensa pública.
  • Este procedimiento especial, concentra facultades en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), un órgano de carácter administrativo, limitando la revisión de instancias superiores y del poder judicial. También, entre las facultades que el DNU otorga a la Dirección Nacional de Migraciones, se encuentra la de determinar la veracidad de los vínculos familiares invocados por los migrantes a la hora de solicitar la excepción a la sanción de expulsión, en virtud del principio de unidad familiar.
  • El decreto introduce reformas a la ley migratoria que agravan las sanciones administrativas para los migrantes como consecuencia de los antecedentes penales. En este sentido puede interpretarse que, mediante este DNU, el Poder Ejecutivo está legislando en materia penal, hecho que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Si bien la expulsión no es en sí misma una sanción penal, puede decirse que los efectos de la norma administrativa son asimilables en su naturaleza a los efectos propios de la materia penal y por lo tanto, las modificaciones introducidas en la norma no deben hacerse mediante DNU.
  • El poder ejecutivo ha ignorado el impacto social que trae esta medida. Los argumentos invocados refuerzan aquellos discursos que relacionan a la migración con  la inseguridad y la delincuencia, legitimando situaciones de xenofobia y discriminación hacia la población migrante y generando otras nuevas.

En síntesis, los fundamentos presentados por el poder ejecutivo resultan escasos a la hora de justificar un decreto de tan excepcional aplicación, que redundará en la utilización de la política migratoria como herramienta de política criminal. Este hecho representa un daño y una limitación a los derechos de las personas migrantes y de la ciudadanía en general que anhela vivir en una sociedad democrática e igualitaria.

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ONGs demandan al Estado Nacional por el recorte del presupuesto para políticas contra la violencia de género

$ 67 millones menos para políticas contra la violencia de género. Organizaciones demandan al Estado Nacional por usar “superpoderes” para recortar el presupuesto asignado por el Congreso. 

Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la insconstitucionalidad de la medida adoptada por el Jefe de Gabinete quien, invocando facultades extrordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. Dicha medida es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto.

El 11 de enero pasado, el Jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, resolvió recortar 67 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). Esta decisión deja sin efecto el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional, en noviembre pasado.

La acción de amparo fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. “Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron.

En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era posible identificar una partida destinada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que según los anuncios realizados requería fondos por 47 millones de pesos para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo. Diversas organizaciones hicieron en ese momento una presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas centrales de preocupación. El presupuesto votado por el Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente, según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.341, se aprobó una asignación adicional de $20.000.000 al CNM (pasando de $96.500.250 a $116.500.250). En segundo lugar, se agregó al Presupuesto nacional una línea presupuestaria específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la suma de $47.000.000.

En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraidas de forma ilegítima. Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.

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